Tratamiento de Datos de la Parte Contraria por Abogados y Procuradores.

 

Datos parte contraria AbogadosConsideraciones desde el punto de vista de la protección de datos y desde la vertiente penal.

Criterio de la Agencia Española de Protección de Datos.

La vertiente penal: el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Responsabilidad de abogado y procurador.

¿Es válida la obtención furtiva o “con astucia” de los datos?

Estos días ha saltado a los medios de comunicación, y rebotado por las redes sociales, la noticia de una sentencia de la Audiencia Nacional sobre el tratamiento de datos personales de la parte contraria por los abogados en los siguientes términos:

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Veamos cuál es el supuesto de hecho concreto al que se refiere esa sentencia.

Se trata de la Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de octubre de 2013, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

En su fundamento de derecho primero describe los hechos concretos que son objeto de examen:

<<La expresada resolución tiene por causa la denuncia presentada por doña Reyes ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la que se manifiesta que el abogado denunciado, don Cecilio, que lo era de doña Coral y doña Florencia, en relación con la herencia de su madre fallecida y respecto de la que la denunciante había sido albacea testamentario, en el curso de un procedimiento judicial, relativo a la nulidad del testamento de la fallecida ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de los de Madrid, puso en conocimiento del Juez mediante escrito de conclusiones que tenía conocimiento (de) que “Reyes es titular de cuentas y activos en la sucursal del paseo de la Castellana nº 157 de La Caixa D´estalvis y Pensions de Barcelona junto con el citado Gabriel“. Tales manifestaciones tuvieron lugar tras haber declarado como testigo la denunciante en dicho proceso civil y haber negado esta tener cuentas corrientes o activos compartidos con el director del pleito, don Gabriel >>.

El abogado se limitó a poner de manifiesto al juzgado, en su escrito de conclusiones, ciertos datos bancarios, genéricos en todo caso, de la denunciante, para poner de manifiesto su creencia de que ésta había intervenido como testigo en un proceso civil con interés en el asunto, pese a haberlo negado, lo que podría incidir en la valoración de su testimonio en un proceso donde aquél intervenía como letrado. No se aportó tampoco elemento de prueba alguno que permitiera concluir que la información facilitada al Juez por el abogado denunciado constara en sus ficheros, ni tan siquiera que los tuviera o que procediera de ficheros de datos personales, en el sentido en que se definen en el articulo 3.b) de la LOPD.

Por lo demás, la Sentencia recuerda que: <<el artículo 11.2 de la LOPD, exime de la necesidad de consentimiento del titular de los datos personales, su comunicación a los Jueces, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. pues tal previsión constituye uno de los límites del derecho de protección de datos que nos concierne y justifica el legítimo destino que el denunciado dio a la información>>.

<<De modo que tal comunicación de datos al Juez no requería consentimiento de su titular, resultando ser éste el único destino conocido dado a los datos bancarios de la denunciante por el denunciado, para el que no requería su incorporación a fichero alguno de que fuera responsable. A tal efecto, resulta intrascendente que la comunicación de los datos al Juez se hiciera en forma verbal o por escrito en el seno del procedimiento judicial, pues en ambos casos se hallaría bajo la cobertura del precepto legal citado>>.

Por todo ello, la Audiencia Nacional confirmó la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos que acordó no incoar actuaciones inspectoras y no iniciar procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas.

El criterio de la Agencia Española de Protección de Datos.

La posición de la AEPD sobre la materia se recoge ya en su Informe del año 2000 sobre “Tratamiento por Abogados y Procuradores de los datos de las partes en un proceso”.

Así, por lo que se refiere al consentimiento, la Agencia concluye que:

<<…si bien ninguna disposición con rango de Ley establece expresamente la posibilidad del tratamiento por abogados y procuradores de los datos referidos al oponente de su cliente en el seno de un determinado proceso judicial, es evidente que dicha posibilidad trae causa directa de una norma de rango constitucional, reguladora además de uno de los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados por la Constitución, y desarrollado por las leyes reguladoras de cada uno de los Órdenes Jurisdiccionales, en los preceptos referidos a la representación y defensa de las partes, por lo que existirá, desde el punto de vista de la Agencia, una habilitación legal para el tratamiento de los datos, que trae su cobertura del propio artículo 24 de la Constitución y sus normas de desarrollo>>.

En cuanto al deber de información a que se refiere el art. 5 LOPD, esto es, si el abogado o procurador se encuentra o no obligado a informar a los oponentes de su cliente de la existencia de  un fichero o tratamiento, su responsable, su finalidad, la posibilidad de que los afectados ejerciten los derechos que la Ley les atribuye y los destinatarios de los datos, para la Agencia prevalece el derecho de defensa sobre el derecho a la protección de datos, razonando así:

<<Ello se funda en que la comunicación a los afectados de las informaciones de que los abogados o procuradores puedan disponer, procedentes de sus clientes, podrían perjudicar, como ya se indicó, el adecuado ejercicio por el propio interesado de las facultades vinculadas con su derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces  y Tribunales (al quedar en conocimiento de la otra parte los datos que pudieran ser aportados a juicio en defensa de su derecho)>>.

Resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos.

Este criterio ha sido reiterado y se ha mantenido invariable, entre otras, en las siguientes resoluciones:

Resolución de 2 de diciembre de 2004, Expediente Nº TD/00239/2004, que desestima la reclamación efectuada por una persona contra la abogada de su ex cónyuge sobre tutela de los derechos de acceso y cancelación.

Adicionalmente, la Agencia señala que <<se aprecia una conexión directa con el derecho fundamental al secreto profesional que, conforme a los preceptos antes transcritos de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, les habilita para no facilitar información “de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre los mismos”>>.

Igualmente, tiene interés esta resolución por recordar a los abogados y procuradores que tienen el deber de atender y, por tanto, contestar las solicitudes de ejercicio de derechos formuladas por parte de los afectados, sin perjuicio de su posible denegación, señalando en este caso que <<no procede la cancelación ni el acceso a los datos solicitados por el afectado, dada la limitación impuesta por el artículo 24 de la C.E. conforme a lo anteriormente razonado>>.

Resolución de 10 de enero de 2005, Expediente Nº E/00373/2004, que en otro supuesto de tratamiento de datos de la contraparte archiva la denuncia contra un abogado por tratar datos personales sin consentimiento, por cuanto dicho letrado trataba los datos del afectado en calidad de abogado defensor de la entidad demandada por aquél en un procedimiento judicial.

Resolución de 12 de mayo de 2005, Expediente Nº E/00238/2004, de archivo de actuaciones, que tiene interés por cuanto aplica la doctrina sobre abogados y procuradores por analogía al caso de ejercicio del derecho de defensa por un Notario en la tramitación de una queja presentada contra el mismo ante el Colegio de Notarios, queja que podría haber derivado en un expediente sancionador.

Resolución de 3 de marzo de 2008, Expediente Nº: E/00862/2006, por la que se acuerda el archivo de actuaciones en un supuesto de aportación de recibos de salarios junto con la contestación a la demanda en un proceso contencioso-administrativo.

La vertiente penal: el delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Existen otros supuestos en los que el abogado también realiza un tratamiento de datos personales de la parte contraria, en el ejercicio del derecho de defensa y con destino a un órgano jurisdiccional, pero que por su origen o el modo de obtención de tales datos, su utilización y aportación al proceso puede ser constitutiva de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Imagen: obra del artista Honoré Daumier.

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